sábado, 1 de febrero de 2014

Derechos fundamentales de los trabajadores

La derecha versus Estado de derecho

Diversas sentencias judiciales recientes están echando atrás decisiones políticas del Gobierno Rajoy presentadas como reformas necesarias

Instituciones como el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y organismos europeos han manifestado la preocupación por la deriva autoritaria del Gobierno

La justicia anula el despido de 500 trabajadores de la Junta de CLM por vulnerar derechos fundamentales como la libertad sindical

Por Miguel Ramírez Muñoz (*)

En las últimas fechas se suceden sentencias judiciales que paralizan, frenan o impugnan importantes decisiones políticas tomadas por gobiernos del Partido Popular, unas medidas que han sido el eje troncal sobre el que viran el grueso de las “reformas” económicas y políticas impuestas por el PP y sus dirigentes más destacados, como María Dolores de Cospedal, Ignacio González en Madrid (por la paralización de la privatización de la sanidad madrileña) o Alberto Fabra en Valencia (por la anulación del ERE de Canal 9).

Una breve enumeración de las principales sentencias en la región de Castilla La Mancha (CLM) nos ayudaría a situar el problema: rechazo al ERE de GEACAM (la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha); rechazo al cierre de Puntos de Atención Continuada de Centros de Salud en zonas rurales, y el más reciente sobre la anulación de las ordenes que propiciaron el despido de casi 500 trabajadores de diversos servicios de la Junta de CLM.

Dejaremos otras más locales o puntuales, como el Centro de la Mujer de Ciudad Real o la anulación del despido por motivos políticos en el Ayuntamiento de Daimiel.

Desmantelar el Estado de derecho

Somos muchos, no sólo IU, los que venimos avisando de que al amparo del discurso de la falsa austeridad y de las reformas “necesarias”, en realidad estamos asistiendo a un proceso acelerado y continuado de desmantelamiento del Estado social, democrático y de derecho, promulgado y consagrado en la Constitución Española y en el derecho europeo e internacional suscrito por el Estado español.

Recordar que desde el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo e instituciones europeas, se han manifestado la preocupación por ésta deriva autoritaria: inconstitucionalidad de aspectos de la reforma laboral, Decreto de Tasas judiciales de Gallardón, copago sanitario, conflicto con la reforma local, la LOMCE, o los toques de atención europeos sobre la reforma del Código Penal y del aborto.

¿Cómo es posible que un partido político y sus gobiernos, acumule en tan poco tiempo, tal cúmulo de sentencias condenatorias y casi todas por vulneración de Leyes Fundamentales? 

Mayoría no es un cheque en blanco

Lógicamente la única explicación de sentido común que podemos encontrar es que el PP se cree que puede entrar como elefante en cacharrería a desmontar el andamiaje constitucional y legal, simplemente porque cuente con una mayoría absoluta, que en ningún caso es un cheque en blanco.

Los medios y voceros afines al PP dicen que la Justicia no puede interferir en las decisiones políticas tomadas por los Gobiernos, justificando ésa voladura de la división de poderes que debería haber en un Estado democrático que se precie de serlo.

Con ésa lógica, el PP debería respetar el derecho a decidir de Cataluña y los movimientos similares en el País Vasco, ya que vienen de acuerdos políticos de Gobierno. O, por ejemplo, retirar su recurso contra la Ley andaluza de la vivienda, ya que no vulnera ningún principio constitucional, sino que simplemente “no se ajusta a los compromisos contraídos por el Gobierno de España, para el rescate financiero acordado con la troika en junio de 2.012”.

No vulnerar la Constitución

Porque el límite de la acción legislativa está en las costuras de los derechos fundamentales y constitucionales. Ningún Gobierno, por mucha mayoría que tenga, puede legislar o actuar en contra de leyes de rango superior, ni vulnerar los derechos y principios fundamentales recogidos en la Constitución.

La última sentencia conocida que anula 500 despidos de la Junta de CLM, lo hace porque se han vulnerado derechos fundamentales contra la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, reprochando la actitud despótica y chulesca del Gobierno de Cospedal, que antes de sentarse a negociar con los sindicatos el posible ajuste laboral, ya había publicado la lista de despedidos.

En un estado normal de las cosas, el siguiente paso tras esta sentencia sería la inhabilitación de por vida de los responsables que ampararon y propiciaron ésta vulneración de derechos constitucionales. No solo los peones y mandos intermedios, sino los máximos responsables políticos de ésta decisión: el Gobierno de CLM y su presidenta.

El PP se ha convertido en algo más que un mal Gobierno, ahora mismo es un peligro para mantener la cohesión social, política y democrática de España.

(*) Miguel Ramírez Muñoz es Coordinador Provincial de IU Ciudad Real

Más información

La justicia anula 500 despidos 
decretados por Cospedal

María Fernández, El País

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a UGT y al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS) y ha anulado la decisión del Gobierno regional de María Dolores de Cospedal de suprimir 700 empleos públicos en las áreas sanitaria y del cuerpo general de la Administración en diversas consejerías. De ese total habían sido cubiertas con interinos unas 500 plazas, según cálculos sindicales, y el resto estaban vacantes. 

El fallo subraya que los trabajadores tendrán que volver a sus puestos “con el reconocimiento de todos los derechos profesionales y económicos”, lo que implica el abono de los salarios que han dejado de percibir desde el momento del cese, tras dos órdenes fechadas el 20 de agosto de 2012. Las centrales calculan que la readmisión podría costar entre 13 y 14 millones de euros.

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