Crisis: Hay alternativas
E.C.
El próximo jueves día 16, el catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López hablará en la
Escuela de Ciudadanos sobre las alternativas de la izquierda a la crisis
económica.
El acto tendrá lugar en el Castillo de Pilas Bonas de la
localidad manchega, a las 20,30 horas y se enmarca dentro del IV Curso de la
Escuela de Ciudadanos (EC).
El catedrático Torres López es autor de una veintena de
libros y centenares de artículos y sus puntos de vista, diametralmente opuestos
a los de la mayoría conservadora, serán sin duda de interés para todos los que
asistan a la charla.
Para ver más información sobre este acto, ver la entrada
anterior del blog.
Coincidiendo con esta conferencia, hemos solicitado
artículos de opinión a los principales líderes políticos locales: PP, PSOE, IU,
UPyD y LIM. Animamos a otras organizaciones, sindicatos y asociaciones, así
como a todos nuestros lectores a que participen con sus propios escritos en
este debate.
Brutal reforma laboral, para todos
Por Miguel Ramírez Muñoz (*)
El Gobierno de Rajoy acaba de anunciar una de sus grandes
reformas, la laboral. Era mucha la expectación sobre esta reforma, quizás la más
mediática y esperada por los 5,3 millones de parados, por eso merece un estudio
de lo hoy presentado, que posiblemente tenga alguna variación en su tramitación
parlamentaria.
La reforma hoy anunciada, incluye aspectos y elementos que
no pintan nada en la Legislación Laboral: limitación indemnización directivos
de la Banca, nueva Ley de Formación Profesional, o nueva Ley de Mutuas, y
parece que al calor del anuncio de esta reforma pretende corregir o
complementar algunas de las reformas anunciadas, como han sido la
financiera, la educativa, o la de la
sanidad.
Confusión sobre contratos e indemnizaciones, y la inclusión del minijob
Una de las claves es la gran rebaja de la indemnización por
despido improcedente, que pasa con carácter general a 33 días por año, con un
máximo de 24 mensualidades. Se habla de contratos con 45 días de indemnización
y otros que no, y esto es una falsedad. La cuantía de la indemnización por
despido no la fija el modelo de contrato, sino la causa del despido. Un
contrato temporal, incluso con fecha determinada, puede obtener una
indemnización de 45 días si el despido es considerado improcedente. El contrato
indefinido de fomento del empleo, el de 33 días de la reforma del 98 y que
amplió su uso la reforma de ZP, también contemplaba una indemnización de 45
días, si el despido rozaba la nulidad.
Por tanto, no hay contratos con 45 días y otros no, sino que
hay despidos objetivos, procedentes, improcedentes y en algunos casos nulos, y
es ahí donde radica la diferencia.
Además, la clarificación de las causas de despido objetivo
(basta con una previsión de caída de ventas o resultados en tres trimestres)
supondrá que este tipo de despido será la excepción, y que la norma será la de
20 días, con 8 días a cargo del FOGASA, según el tamaño de la empresa.
Por lo tanto, un trabajador con más de 18 años de antigüedad
en la empresa, tendrá el mismo coste de despido que uno de 25, 30 o 35 años de
permanencia.
Con el anuncio de Rajoy y del Banco de España, de que 2012
será un año de caída del PIB, la excusa
está servida para generalizar este despido de 20 días, por eso auguran una
subida del paro, porque habrá un nuevo ajuste de empleo, para luego
aprovecharse de nuevas formulas de precariedad laboral.
Contrato indefinido para emprendedores
La principal novedad, el contrato indefinido para emprendedores, por el cual se podrá
compatibilizar una parte de la prestación por desempleo, supone en la práctica
la introducción del minijob o el minisalario, ya que durante el periodo de prueba
de un año, el salario será complementado a cargo del 25 % de la prestación del
trabajador. Teniendo en cuenta que la prestación media es de 981 euros, según
datos de enero 2012, y el salario medio de convenio ronda los 900 euros, el
empresario solo aportará una cantidad similar al SMI.
Con la reforma de la negociación colectiva impuesta (se
limita la ultra actividad de los convenios a dos años), cada vez habrá más
sectores y empresas sin convenio de referencia, quedando al amparo del SMI y el
Estatuto de los Trabajadores, por lo que el resultado será que de un salario a
percibir de 641 euros (el SMI), unos 230-240 vendrán de la prestación por
desempleo, y el resto, unos 400-450 euros de la empresa. Conclusión, el
minijob, el miniempleo y la maxi precarización está llamando a la puerta de los
jóvenes, que nunca verán consolidado su puesto de trabajo, ya que este modelo
de contrato subvencionado sin más contrapartidas, es una llamada a la rotación,
pues una vez acabe la prestación será sustituido por otro en similares
condiciones.
Una reforma con broma incluida
La anterior reforma de Zapatero incluía un tope a la
encadenación de contratos temporales, limitados a 24 meses a partir del 1 de
enero de 2013. Esta reforma anticipa este límite al 31 de diciembre de 2012, es
decir 24 horas.
La privatización de los servicios públicos de empleo, y la reforma de
las prestaciones por desempleo
Otro de los objetivos de la derecha era cargarse los
servicios públicos de empleo, a los que se le achaca su escasa eficiencia,
cuando ha sido precisamente la dejadez política la que los ha convertido en una
mera oficina de contar parados y de tramitarles sus prestaciones.
Desde que en 1.994 aparecieron las ETTs (Empresas de Trabajo
Temporal), son muchos los empresarios que en primer lugar acuden a estas
empresas, en una clara despersonalización de las relaciones laborales, en el
que quien contrata no tiene nada que ver con quien paga o donde se presta la
relación laboral.
Las ETTs se convertirán en juez y parte, ya que conocerán la
cobertura de cada demandante de empleo, presionándolo para aceptar empleos mal
pagados o poco relacionados con el perfil profesional y laboral del trabajador,
bajo la amenaza de la retirada de la prestación.
Zapatero ya legalizó las agencias con ánimo de lucro,
abriendo un mercado nuevo, el de la subasta por un puesto de trabajo, la versión nueva del esclavismo.
También se inicia el camino para un nuevo recorte de la
protección social a los desempleados. Vincular el cobro de las prestaciones a
la disponibilidad para asumir trabajos para la comunidad, puede suponer la
eliminación de un importante número de empleos vinculados a planes de
integración social, y una especie de subempleo auspiciado por la
administración.
También supone que únicamente colocan el control del fraude
en la contratación en la parte del trabajador, y no de la empresa.
La flexibilidad sin control, puede generar más paro y un retroceso en
conciliación
Otra gran demanda de la patronal, la necesidad de tener una
mayor flexibilidad para poder modificar jornada, horarios, salarios, y
categorías profesionales. Si ya se acepta que un 10% de la jornada anual se
pueda manejar al antojo de la empresa, este margen se podrá aumentar casi sin
causa justificada.
Aunque pueda parecer algo razonable, hay que tener mucho
cuidado con el desarrollo de esta norma, porque no solo puede suponer una
distribución de la jornada abusiva (por ejemplo, solo contabilizar como jornada
de las cajeras, cuando haya clientes en las cajas), sino que además puede
acabar con miles de empleos fijos-discontinuos de sectores estacionales como la
hostelería, el turismo, servicios o agricultura, que son muy importantes en
nuestro actual modelo productivo.
De tal forma que la flexibilidad sin rigor, se convierte en
una atadura permanente para los trabajadores, retrocediendo en conciliación
laboral y familiar, así como la puerta para la eliminación de miles de empleos
estacionales pero estables.
Otros aspectos a tener en cuenta
Dentro del paquete anunciado, aparece una redefinición de las bonificaciones a la
contratación, especialmente de jóvenes y de parados de larga duración. No
cabe duda de que este tipo de ayudas pueden animar a la contratación, pero se
puede producir un efecto de rotación muy negativo.
De hecho, al primar el contrato de aquellos que ya cobran
prestaciones, se relega al parado sin cobertura, de tal forma que parece que se
busca más el reducir el gasto en prestaciones que en generar empleo.
Aún así, IU planteó en su programa medidas importantes como
la capitalización del 100% de la prestación por desempleo para el autoempleo,
en todos los casos y no con los límites que plantea esta reforma. También desde
IU hablamos de incentivar a las empresas que por la reducción de su jornada a
35 horas, generaran nuevas contrataciones indefinidas.
Este Gobierno se ha sacado de la manga el “derecho a la formación continuada del
trabajador”, algo que suena a guasa después de lo que se ha despotricado
contra los sindicatos por los famosos cursillos de formación, tanto continua
como para parados.
La formación hace tiempo que viene contemplada en nuestra
legislación laboral, y en todo caso se echa de menos un mayor compromiso de las
empresas para mejorar la capacitación de sus trabajadores para poder mejorar el
tejido productivo de nuestro país.
Tal como está la situación de las empresas, estas no se
encuentran en condiciones de asumir sin más una inversión en formación, y este
impulso para la modernización de nuestra economía se debería incluir dentro de
un gran Plan Nacional Estratégico para
la mejora de la productividad, con participación de empresas, trabajadores
y el sistema educativo.
Conclusiones
Esta reforma se ciñe al parámetro neo-liberal, y tiene como
único objetivo la debilitación de los derechos y garantías de los trabajadores,
otorgándole un mayor poder a la patronal.
Con las nuevas facilidades para el despido objetivo, como
son la previsión de pérdidas o caída de ventas, solo queda un modo de despido,
el de 20 días por año, con el máximo de 12 meses. Lo demás sobre el despido es
literatura barata.
La mayor flexibilidad del empresario para la movilidad
funcional, salarial y de distribución de horarios y jornada laboral, supondrá
una amenaza para miles de fijos-discontinuos y un retroceso de los avances en
política de conciliación laboral y familiar.
La negociación colectiva tenderá a desparecer en el ámbito
de la PYME, que ocupa casi al 80% de los trabajadores de nuestro país, ya que
al fijar en 2 años el límite de la efectividad de los convenios colectivos
cumplidos, la patronal no tendrá aliciente para negociar uno nuevo.
El nuevo contrato indefinido para emprendedores, abre la
puerta a los miniempleos, y solamente alimenta la rotación de parados con
prestaciones, condenando al paro eterno a los que estén sin cobertura.
Este Gobierno plantea la lucha contra la economía sumergida
persiguiendo al más débil, el parado. Además privatiza los servicios públicos
de empleo a favor de las ETTs, que tendrán un papel de hegemonía en todo el
proceso laboral, la contratación y control de prestaciones, abriendo la puerta
a la subasta por la oferta de empleo.
Las nuevas facilidades al despido, y los anuncios oficiales
de caída del PIB para todo el 2012,
otorga a las empresas la excusa perfecta para el nuevo ajuste laboral que
anunció Rajoy en el Congreso el pasado miércoles.
No conocemos la letra pequeña, y queda el trámite
parlamentario, pero debemos prepararnos para una larga batalla desde el
Movimiento Obrero, del que forma parte IU, para frenar esta ofensiva final del
neoliberalismo.
Manzanares, a 10 de febrero de 2012
Ampliación análisis reforma laboral del
PP
El análisis que hice el pasado
viernes fue en base a la información disponible en aquel momento, y una vez
publicada en el BOE, cabría hacer alguna ampliación y aclaraciones.
Habría que recordar que la ministra
Fátima Báñez dijo en sede parlamentaria que uno de los objetivos era
simplificar la contratación y reducir el número de modalidades de contratación. Sin embargo, se crea un nuevo modelo, el
indefinido para emprendedores, y se rescatan el de formación y aprendizaje
ampliados a 30 años (que eran los modelos que acumulaban más fraude laboral).
Podíamos decir que esta reforma
ni corrige, ni sustituye a la de Zapatero, más bien tenemos que decir que
complementa y aclara aquellos aspectos que quedaron más difusos de la última
reforma del PSOE: despidos objetivos y modificaciones de las condiciones de
trabajo, abaratamiento del despido, EREs en el sector público, dinamitación de
la negociación colectiva y desaparición de los servicios públicos de empleo.
El Partido Popular, igual que
el PSOE, no han entendido lo ocurrido con nuestro mercado laboral y productivo
en los últimos 25 años, y es que todas las reformas laborales aplicadas hasta
la fecha no han servido ni para mejorar las relaciones laborales, ni desde
luego para mejorar nuestro tejido productivo.
Facilitar que la falta de
competitividad de las empresas sea a costa del empleo, no incentivan ni la
modernización, ni la inversión de las empresas. Porque nuestro tejido
productivo apenas ha invertido en modernización, en adaptarse a nuevas formas
de producción y de organización, de logística, de formación continuada de su
personal, en investigación y desarrollo, etcétera, y por eso carece de
capacidad de anticiparse a los cambios de ciclo y de mercado.
De hecho, el escaso peso del
sector industrial, o que las empresas del IBEX-35 apenas emplean al 15% del conjunto
de la mano de obra nacional, implica que nuestro tejido empresarial se basa en
pymes, el 80% de los autónomos no tienen un trabajador por cuenta ajena, y la
pyme es básicamente familiar y con una forma de organización familiar, con sus
aciertos y sus carencias.
Si no se pone como objetivo de
política nacional y con carácter prioritario, por encima incluso del déficit
público, la modernización de nuestro tejido productivo, la apuesta por la
innovación, la investigación, el desarrollo, y la eficiencia energética, no hay
ni habrá solución a la crisis.
Impulso de lo público
Para ello se necesita un
impulso desde lo público, fomentando modelos de economía social; cooperativas
de productores, de consumidores, banca pública y cooperativas de crédito,
bancos de tiempo, años sabáticos para la formación, reparto efectivo del
trabajo, humanización de la sociedad a través del desarrollo de sectores
socio-sanitarios y educativos.
Si lo único que le ponemos
encima de la mesa a las empresas, es que ante el primer síntoma de resfriado,
se deshagan de su capacidad productiva, no tendrán ningún aliciente para la
modernización de su empresa, se irán anquilosando y acabarán echando el cierre
por agotamiento.
De momento, esta reforma solo
facilita un nuevo ajuste laboral en nuestro país, que con el despido de 20 días
como norma general, mas la paralización de la inversión pública, y que el grifo
del crédito seguirá cerrado al menos otros dos años por las nuevas fusiones de
la banca, hoy estamos más cerca de llegar a los 6 millones de parados, como así
ha reconocido el propio Rajoy.
Hasta ahora, las reformas
anunciadas e iniciadas por el Partido Popular tienden a la creación de un monopolio financiero privado (con los riesgos
económicos y democráticos que conlleva),
el desmantelamiento del sector público empresarial y de otorgar todo el poder en las relaciones laborales a la
parte empresarial. Estamos ante una
auténtica contrarreforma política, han
roto el equilibrio social que pretende la Constitución y avanzamos hacia un modelo político antidemocrático,
otorgando todo el poder económico y político al poder financiero, el mismo
que nos ha traído esta crisis.
Hoy, la movilización social es
una emergencia democrática, la actual configuración política de los gobiernos
no debe ser un elemento desmovilizador, al contrario, es la oportunidad para
despertar a la sociedad de la pesadilla bipartidista, de romper con la
ideología dominante, es el momento de rescatar
la democracia de las garras de quienes quieren saquear a la ciudadanía.
(*) Miguel Ramírez Muñoz es Coordinador Provincial de IU de Ciudad Real.
