¿Derecho o derroche?
En momentos de crisis como el actual es tentador pensar que los medios públicos de información
son lujos que no nos podemos permitir
Nadie quiere contribuir con sus impuestos a aparatos de propaganda plagados de funcionarios
Una televisión pública, neutral, viable y participativa es un derecho fundamental para que nosotros mismos, con nuestros impuestos, nos garanticemos la verdad
Por Mercedes de Pablos (*)
Dice un amigo mío, catedrático de Derecho, que los países se dividen entre los que tuvieron democracia antes de que llegara la TV y a los que la democracia les llegó después. Como toda greguería, es una exageración no exenta de sentido común y de una verdad incómoda: el conflicto de los medios audiovisuales, y la poderosa tele como estrella, de titularidad pública, no solo no es irresoluble, sino que hay lugares donde se administran bien, se garantiza su neutralidad y se asume su viabilidad.
Los que engordan con la inevitabilidad, a su juicio, del periodismo de trinchera (modalidad mediática del y tú más) aseguran que todos los gobiernos manipulan los medios públicos, luego todos los profesionales de esos medios se dejan comprar.
Dos falacias
Esa es una de las dos falacias que está poniendo en peligro algo más importante que la propia existencia de las radios y televisiones públicas: el derecho de información de la ciudadanía, la verdadera razón por la que las democracias deben garantizar que, por encima de los legítimos, aunque a veces escondidos, intereses políticos y económicos de las empresas privadas de la información, la ciudadanía tenga acceso a información contrastada, veraz.
La otra falacia tiene que ver con su viabilidad económica y, fundamentalmente, con sus índices de audiencia, una medición del seguimiento de los programas hoy completamente obsoletas por muchas razones: la cantidad de canales que lógicamente fragmentan las audiencias y el uso de los contenidos audiovisuales por una importante parte de la población: pregúntele a los jóvenes, como y donde ven sus series favoritas.
Por ordenador, por consola, por móvil incluso, pero en raras ocasiones sentados en la sala de estar junto a la abuela. Y esos índices que los temidos audímetros miden cada hora, cada minuto de programación, consagrando Sálvames y condenando telediarios definen el mercado, convierten una inversión pública en inútil, nos hacen tomar posturas a la ciudadanía y a las empresas: a pesar de que, insisto, esas audiencias no son validas ya, están desprestigiadas en toda Europa.
Aparatos de propaganda
En momentos de crisis como el actual, cuando nos atacan con verdaderos bocados a los derechos básicos (la educación, la salud, las pensiones, las prestaciones sociales) es tentador pensar que las televisiones públicas son lujos que no nos podemos permitir… Es casi lógico, si nos empeñamos en dar una imagen de ellas como empresas caras, ruinosas y al servicio de los gobiernos de turno. Así no. ¡Así nadie quiere contribuir con sus impuestos a aparatos de propaganda plagados de funcionarios!
Pero esto no es cierto, o no es cierto siempre, claro.
En primer lugar, olvidamos que la Europa a la que pertenecemos nos obliga a un marco legal de derechos y funciones de los medios que viene regulado en la Directiva de Servicios Audiovisuales de 2007 y que controla, por ejemplo, el horario de protección infantil, el tiempo y la calidad de la publicidad y, también, la garantía de una información libre y plural.
Esa directiva fue desarrollada por primera vez en España en 2010, con la ley del Gobierno Zapatero, que venía a cubrir una carencia escandalosa en el ámbito de la comunicación civilizada, incluido por cierto los Estados Unidos, que tienen mecanismos de control, aunque sean poco partidarios de los servicios públicos.
Garantía de neutralidad
Esa ley marcaba las obligaciones de los operadores de radio y televisión y consagraba un modelo de empresa pública que ya se había aprobado, con la ley de la RTVE de ese mismo Gobierno. A saber, y muy resumidamente: elección del director general por el Parlamento, con una mayoría amplia; control por parte del Consejo de Administración, que dejaba de ser un órgano decorativo (para liberar a algunos funcionarios de partidos, todo hay que decirlo) y garantía de neutralidad, mediante un Estatuto de redacción de obligado cumplimiento y la existencia de Consejos de Redacción.
Todo eso se lo ha cargado el PP sin apenas mancharse las manos, ocupados como estamos en horrorizarnos con las subidas de impuestos y las bajadas de sueldos. Una manera eficiente de que los ciudadanos no vean a los medios públicos como un derecho, sino como un derroche al que no merece la pena contribuir.
Derecho fundamental
Pero la verdad nos hace libres en un mundo en el que la información es más poder que nunca, en un mundo en el que, con palabras extrañas y expresiones ininteligibles (prima de riesgo, déficit endémico, etcétera) se justifican, no ya ajustes, sino toda una fractura de los elementos básicos de la democracia: el derecho a un sueldo digno, a la salud, a la educación en igualdad de oportunidades.
La televisión pública, neutral, viable (sin excesos, que efectivamente se han cometido en nombre de las audiencias) y participativa es también, conviene no olvidarlo, un derecho fundamental para que nosotros mismos, con nuestros impuestos, nos garanticemos la verdad.
(*) Mercedes de Pablos es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Ciencias Políticas. Periodista. Ha trabajado fundamentalmente en la radio: Cadena SER, Radio Cadena Española, RNE 1 y Canal Sur Radio, cadena ésta que la que fue directora.
Ha trabajado también en televisión. Entre los espacios en los que ha intervenido, recuerda con especial cariño un programa de 1993, presentado pos seis mujeres y dirigido por ella, Si tú me dices ven.
Ha colaborado en diversos medios escritos, como Ere, Vindicación feminista, Magazín, Tiempo, Quimera, Mercurio...
Ha escrito varios libros de ficción y de no ficción. El último, aparecido el pasado año, Ajuste de cuentos (Editorial Espuela de Plata), una colección de trece cuentos sobre personajes reales (Juan Echanove, Van Morrison, José Luis Sampedro, Brad Pitt), que viven una aventura de pura ficción.
Ha recibido, entre otros, el Premio Andalucía de Periodismo, el Ciudad de Córdoba, el Meridiana y ha sido finalista del Premio Ateneo de Sevilla.
Por ultimo, ha sido miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía y ha dirigido las actividades culturales del Centro de Estudios Andaluces. En la actualidad es concejal independiente, integrada en el Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla.Tiene dos hijos, Matilde y Tomás.
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